Como consecuencia de la crisis económica-social producida por la emergencia sanitaria, se evidencia la necesidad de fortalecer a varios sectores, entre otros, la seguridad alimentaria, la sanidad pública universal y la educación.
La poca atención al sector de la producción de alimentos por parte del Estado dada por la escasa tecnificación de sus procesos de producción de alimentos, desnuda una realidad que debe tomar correctivos como: mejorar la producción de alimentos frescos y procesados, un transporte eficiente y la implementación de un sistema de distribución basado en el “comercio justo” el cual busca promover patrones productivos y comerciales responsables y sostenibles, así como oportunidades de desarrollo para los pequeños agricultores, campesinos y artesanos; quienes se encuentran en desventaja económica y social respecto a los actores dominantes en el mercado. Una alternativa sería la desconcentración de mercados acercando a los ciudadanos los alimentos en condiciones higiénicas y sin generar desperdicios.
En especial importancia, por ser prioritario en los actuales tiempos, es la atención del sector de la Salud, o mejor dicho a la Sanidad Pública Universal, la cual no cuenta con suficientes profesionales de la salud ni tampoco infraestructura hospitalaria en condiciones reales de operación para hacer frente a contagios masivos. Prueba consistente que devela la ineficiencia administrativa y los escasos recursos económicos asignados a dicho sector. Un servicio básico que debe ser objeto de asignaciones presupuestarias obligadas para mejorar la salud pública.
Para agravar la situación, ahora se pretende reducir el presupuesto asignado a 32 universidades públicas del país, sin más razón que la falta de recursos económicos en la caja fiscal. La desesperación por contar con dinero fresco del exterior o de promover el ahorro interno, ha llevado a tomar una dura decisión del recorte presupuestario sin una explicación que justifique técnicamente dicha decisión. Esto, según la información proporcionada en los medios de comunicación, en promedio se recortaría el 7% del presupuesto a las universidades públicas, porcentaje al que se añade el de otro recorte que se lo realizó a inicio de año. Para tomar una decisión de esa envergadura se debe analizar el beneficio que esta ocasiona y confrontarlo con el perjuicio producido, si el beneficio es mayor que el perjuicio de los perjudicados, entonces si y solo si, se toma la decisión de adoptar la medida. Para nuestro caso, el supuesto beneficio es un momentáneo respiro a la presión por liquidez a la caja fiscal de alrededor de 100 millones de dólares, en contraste el perjuicio inmenso que se ocasiona al Sistema de Educación Pública, lo que trae como consecuencia, en mi parecer, la disminución en 2 rubros presupuestados. El primer rubro afectaría a la inversión en Talento Humano, lo que repercute en la disminución en la contratación del personal académico ocasional o profesores por contrato, los cuales cumplen fundamentalmente un rol específico en la universidad como es el dictado de clases de ciertas asignaturas de especialización o de formación básica que los profesores titulares no se dan abasto para cubrir, afectando directamente a la formación profesional de los estudiantes, dejando en el desempleo a valiosos profesionales que han adquirido experiencia docente a pulso. Como segundo rubro sería la inversión en Infraestructura física o tecnológica lo que se significa, en pocas palabras, menos recursos para la Investigación, y esto a su vez repercute en el incremento de la brecha y dependencia tecnológica.
¿Cuáles son las consecuencias?, pues bien, la repercusión es enorme, porque se deja de invertir en el FUTUROdel país, se desea una universidad fuerte, ágil y dinámica que permita dar respuesta a las necesidades de la sociedad, en su defecto, se explica la falta de profesionales médicos, ingenieros, tecnólogos y otros tantos profesionales valiosos que en esta época de crisis por la emergencia sanitaria podrían ayudar a salvar vidas.
La reducción presupuestaría elimina la posibilidad de incrementar cupos para el ingreso de nuevos jóvenes bachilleres al Sistema de Educación Superior, debido a que no cuenta con profesores suficientes para cubrir la demanda creciente de estos nuevos aspirantes, recortando también el sueño de muchas familias por mejorar sus condiciones de vida. En general, esta decisión gubernamental se traduce en una disminución progresiva de la calidad educativa, porque en muchos casos no se cuenta con los recursos económicos suficientes para mantener una planta de profesores-investigadores de tiempo completo que son los que generan producción científica acompañado de la generación de nuevas patentes y estudios recientes que dan cuenta del estado del arte de las ciencias.
Todo ello genera un retroceso en el sistema de Educación Superior Público, con un costo muy alto, porque revierte procesos ya iniciados bien estructurados y fundamentados en la academia, ciencia y tecnología, lo que sin duda constituye un AUTOGOL al país. Por un lado, se busca paliar una necesidad emergente con el ahorro público y, por otro, se provoca un daño irreparable al disminuir el presupuesto de las universidades; lo que demuestra que el perjuicio ocasionado es mayor que el supuesto beneficio, dejando sin argumentos la decisión tomada por el gobierno de turno. Por ello, una dura tarea les espera a las autoridades universitarias cuyo único camino, según mi criterio, es mirar hacia la sostenibilidad de la universidad lo que significa reorientar los esfuerzos administrativos a la calidad del gasto del recurso público, replanteando el presupuesto actual y mirando para otros lados donde la AUTOGESTION se prioriza frente a la espera del recurso económico estatal.
Tarquino Sánchez Almeida
Quito, 3 de mayo 2020
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