En el centro del debate se pone de manifiesto la hipótesis de que aún no se ha logrado llegar al meollo del asunto: contar con un cuerpo legislativo coherente con los principios de equidad e inclusión, con la puesta en marcha de estrategias claras y bien orientadas para lograr una educación inclusiva y equitativa. Avanzar en políticas de articulación y de transversalidad, de acciones colaborativas y de gran incidencia social, supone que éstas deban garantizar que la identidad, el origen social y las capacidades no definan las oportunidades educativas.
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